Programa de Gobierno de la Unidad Popular

(17 de diciembre de 1969)

Salvador Allende Gossens. Presidente de la República de Chile 1970-1973

INTRODUCCIÓN

Los partidos y movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular, sin perjuicio de mantener cada cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que entregamos a consideración del pueblo.

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.

Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo que ha fallado?

Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.

Más aun, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia su papel de socio menor del capital extranjero.

Para unos pocos, vender a diario un pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días.

Para la gran mayoría en cambio vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún están privados.

En Chile las recetas "reformistas" y "desarrollistas" que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante.

En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.

El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia anti-popular.

El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no tienen otro recurso que la fuerza.

Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.

Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo alimentarse.

La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial, bancaria y comercial; mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes; de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos norteamericanos los productos comprados, etc.

Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en América Latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares.

De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.

Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.

Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las Fuerzas Armadas.

Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero.

Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el récord de ser uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes.

En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto.

A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por ejemplo, es un buen negocio, se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra economía, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos están en condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que atender; desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc.

El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos.

Para que ellos se dignen seguir "trabajando", pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:

-darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;

-permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;

-dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero; -dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;

-permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.

Mientras tanto, buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación:

-Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más viven en pésimas condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.

-La necesidad de la población en materia de educación y salud son insuficientemente atendidas.

-Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufren en cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta muy difícil e incierta.

El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10% de la población, acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada 100 escudos que los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media.

El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido casi en un mil por ciento.

Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los chilenos que viven de su trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y pensionados, al trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas rentas son recortadas a diario por la inflación.

Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los resultados están a la vista. Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de remuneraciones como han pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la mantención del sistema y recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista, en cambio, se defiende de la inflación y más aun se beneficia con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus contratos de construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando siempre la delantera a las alzas de remuneraciones.

Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50% de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse.

Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular, son incapaces de alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una población de 30 millones de personas, el triple de la población actual.

Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de origen agropecuario.

El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a los de las ciudades. Estos problemas no los ha resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno democratacristiano. Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El actual desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio abren nuevas perspectivas al movimiento popular chileno.

El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido, en promedio, apenas a razón de un 2% anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país.

La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.

LA UNIDAD Y LA ACCIÓN DEL PUEBLO ORGANIZADO

El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su lucha y la conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios profundos, la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro país son más de tres millones de trabajadores cuyas fuerzas productivas y su enorme capacidad constructiva no podrán, sin embargo, liberarse dentro del actual sistema que sólo puede explotarles y someterles.

Estas fuerzas, junto a todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están comprometidos con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación.

La unidad popular se hace para eso.

Los imperialistas y las clases dominantes del país combatirán la unidad popular y tratarán de engañar una vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, que la violencia se adueñará del país, etc. Pero las masas populares creen cada vez menos en estas mentiras. Diariamente crece su movilización social que hoy se ve reforzada y alentada por la unificación de las fuerzas de izquierda.

Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder, constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los movimientos y de los partidos de izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por cambios fundamentales.

Los Comités de Unidad Popular no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular.

Así, pues, este nuevo poder que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya, donde quiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y donde quiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.

Este sistema de trabajo común será un método permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido político de la Unidad Popular en todos sus niveles.

En un momento dado de la campaña los contenidos esenciales de este Programa, enriquecidos por la discusión y el aporte del pueblo y una serie de medidas inmediatas de gobierno, serán señalados en un Acta del Pueblo que se constituirá, para el nuevo Gobierno Popular y el Frente que lo sustenta, en un mandato irrenunciable.

Apoyar al candidato de la Unidad Popular no significa, por tanto, sólo votar por un hombre, sino también pronunciarse en favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.

EL PROGRAMA

El Poder Popular

Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.

El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.

Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo.

El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país.

En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:

-preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores; y

-transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.

La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores

El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.

Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo, en las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados.

En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento. Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado.

Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.

Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.

El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Ésta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra el pueblo.

El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado.

El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos legales.

El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales.

Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.

La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objetivo de defender a la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.

UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: EL ESTADO POPULAR

La organización política

A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.

Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.

Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.

La Asamblea del Pueblo será la Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.

Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido.

Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos, con el fin de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.

A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo.

La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos.

Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos.

Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato o la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas responsabilidades se desempeñen como gestor de intereses privados.

Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes con que opere deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planificación.

Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el radio geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores.

Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo económico y social.

En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia y autonomía de las organizaciones.

Desde el día mismo que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal.

Éstos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza al sistema de administración actual.

La organización de la justicia

La organización y administración de la justicia debe estar basada en el principio de la autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia económica.

Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial.

Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además, será expedita y menos onerosa.

Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa.

La Defensa Nacional

El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación de la soberanía nacional, lo que concibe como un deber de todo el pueblo.

El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las amenazas a la integridad territorial y a la independencia del país alentadas por el imperialismo y por sectores oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos alientan afanes expansionistas y revanchistas.

Definirá una concepción moderna, patriótica y popular de la soberanía del país basada en los siguientes criterios:

a) Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido, rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extrañas.

b) Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos.

c) Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía.

Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garantice a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo sólo a sus condiciones personales.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA

Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.

En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo.

Área de propiedad social

El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;

2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;

3) El comercio exterior;

4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;

5) Los monopolios industriales estratégicos;

6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.

Todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.

El área de propiedad privada

Esta área comprende aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción. Estas empresas en número serán la mayoría. Así, por ejemplo, en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo la industria artesanal), sólo unas 150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los empresarios industriales del país, vendiéndoles cara la materia prima y comprándoles barato sus productos.

Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado procurará las asistencias financiera y técnica necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional, atendiendo el número de las personas que trabajan en ellas como el volumen de la producción que generan.

Además, se simplificarán los sistemas de patentes, aranceles aduaneros, contribuciones y tributos para estas empresas y se les asegurará una adecuada y justa comercialización de sus productos.

En estas empresas se deberán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva.

Área mixta

Este sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares.

Los préstamos o créditos concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acreedor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones.

Profundización y extensión de la Reforma Agraria

La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política general. La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas:

1) Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. La expropiación podrá incluir la totalidad o parte de los activos de los predios expropiados (maquinarias, herramientas, animales, etc.).

2) Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal.

3) Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa. Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases de cooperación mutua. También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna.

4) En casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.

5) Reorganización de la propiedad minifundaria a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola.

6) Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su área geográfica.

7) Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas.

Política de desarrollo económico

La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía. Tendrá como objetivos:

1) Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer a los sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad.

2) Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significará diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional.

3) Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etc.

4) Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles a fin de incrementar la productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía como las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida digna y humana.

5) Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda.

6) Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecuen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controle y redistribuya el crédito y evite la usura en el comercio del dinero. Racionalice la distribución y el comercio. Estabilice los precios. Impida que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de los precios.

La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas.

TAREAS SOCIALES

Las aspiraciones sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer. Quiere, por ejemplo, viviendas dignas sin reajustes que esquilmen sus ingresos; escuelas y universidades para sus hijos; salarios suficientes; que terminen de una vez las alzas de precio; trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas; una previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre; teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y balnearios populares.

La satisfacción de estos justos anhelos del pueblo -que en verdad constituyen derechos que la sociedad debe reconocerle- será preocupación preferente del Gobierno Popular.

Puntos básicos de esta acción de gobierno serán:

a) Definición de una política de remuneraciones, procediendo a crear de inmediato los organismos que con participación de los trabajadores, determinarán cifras que efectivamente constituyan sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas del país. Mientras subsista la inflación se procederá a establecer por ley reajustes automáticos, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Estos operarán cada seis meses o cada vez que el costo de la vida supere un nivel de 5% de crecimiento. En todos los organismos del Estado, y en primer en los cargos de confianza del Ejecutivo, se limitarán los sueldos altos a una cifra compatible con la situación de nuestro país. Se procederá en un plazo que será definido técnicamente, a establecer un sistema de sueldos y salarios mínimos de niveles iguales para trabajos iguales, cualquiera sea la empresa donde estos trabajos se realicen. Esta política se iniciará en el área estatal para irla extendiendo a toda la economía, sin perjuicio de las diferencias derivadas de prouctividad dispares en distintas empresas. Del mismo modo se eliminará toda discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos y salarios.

b) Unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social, manteniendo todas las conquistas legítimas alcanzadas, eliminando los privilegios abusivos, la ineficiencia y el burocratismo, mejorando y haciendo expedita la atención de los interesados, extendiendo el sistema previsional a los sectores de trabajadores que aún no lo tienen, y entregando a los imponentes la administración de las Cajas de Previsión, las que funcionarán dentro de las normas de la planificación.

c) Asegurar la atención médica y dental, preventiva y curativa a todos los chilenos, financiada por el Estado, los patrones y las instituciones de previsión. Se incorporará la población a la tarea de proteger la salud pública. Los medicamentos, sobre la base de un estricto control de costos en los laboratorios y la racionalización de la producción, se entregarán en cantidad suficiente y a bajo precio.

d) Se destinarán fondos suficientes a fin de llevar a cabo un amplio plan de edificación de viviendas. Se desarrollará la industrialización de la construcción controlando sus precios, limitando el monto de las utilidades de las empresas privadas o mixtas que operan en este rubro. En situaciones de emergencia se asignarán terrenos a las familias que los necesiten, facilitándoles ayuda técnica y material para edificar sus viviendas. El Gobierno Popular tendrá como objetivo de su política habitacional que cada familia llegue a ser propietaria de una casa habitación. Se eliminará el sistema de dividendos reajustables. Las cuotas o rentas mensuales que deban pagar los adquirientes de viviendas y arrendatarios, respectivamente, no excederán, por regla general, del 10% del ingreso familiar. Llevar adelante la remodelación de ciudades y barrios, con el criterio de impedir el lanzamiento de los grupos modestos a la periferia, garantizando los intereses del habitante del sector remodelado como del pequeño empresario que allí labore, asegurando a los ocupantes su ubicación futura.

e) Se establecerá la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, así como una adecuada legislación de divorcio con disolución del vínculo, con pleno resguardo de los derechos de la mujer y los hijos.

f) La división legal entre obreros y empleados será suprimida, estableciendo para ambos la calidad común de trabajadores y extendiendo el derecho a sindicalizarse a todos aquellos que actualmente no lo tienen.

CULTURA Y EDUCACIÓN Una cultura nueva para la sociedad

El proceso social que se abre con el triunfo del pueblo irá conformando una nueva cultura orientada a considerar el trabajo humano como el más alto valor, a expresar la voluntad de afirmación e independencia nacional y a conformar una visión crítica de la realidad.

Las profundas transformaciones que se emprenderán requieren de un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto científica y técnicamente para desarrollar la economía de transición al socialismo y abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas manifestaciones del arte y del intelecto.

Si ya hoy la mayoría de las intelectuales y artistas luchan contra las deformaciones culturales propias de la sociedad capitalista y tratan de llevar los frutos de su creación a los trabajadores y vincularse a su destino histórico, en la nueva sociedad tendrán un lugar de vanguardia para continuar con su acción. Porque la cultura nueva no se creará por decreto; ella surgirá de la lucha por la fraternidad contra el individualismo; por la valoración del trabajo humano contra su desprecio; por los valores nacionales contra la colonización cultural; por el acceso de las masas populares al arte, la literatura y los medios de comunicación contra su comercialización.

El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalmente transformado como a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular. Una extensa red de Centros Locales de Cultura Popular impulsará la organización de las masas para ejercer su derecho a la cultura.

El sistema de cultura popular estimulará la creación artística y literaria y multiplicará los canales de relación entre artistas o escritores con un público infinitamente más vasto que el actual.

Un sistema educacional democrático, único y planificado

La acción del nuevo Gobierno se orientará a entregar las más amplias y mejores oportunidades educacionales.

En el cumplimiento de estos propósitos influirá el mejoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores y la consideración, en el nivel que corresponde, de las responsabilidades de los educadores. Además, se establecerá un Plan Nacional de Becas lo suficientemente extenso como para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los niños de Chile, especialmente a los hijos de la clase obrera y del campesinado.

Por otra parte, el nuevo Estado desarrollará un plan extraordinario de construcción de establecimientos escolares, apoyado en recursos nacionales y locales movilizados por los órganos básicos de poder. Se expropiarán las edificaciones suntuarias que se requieran para habilitar nuevos establecimientos escolares e internados. Por estos medios se tenderá a crear por lo menos una escuela unificada (básica y media) en cada comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile.

Con el fin de atender a las necesidades de desarrollo propias de la edad preescolar y para posibilitar la incorporación de la mujer al trabajo productivo, se extenderá rápidamente el sistema de salas-cuna y jardines infantiles, otorgando prioridad a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Por efecto de esta misma política, la niñez obrera y campesina estará más apta para ingresar y permanecer provechosamente en el sistema escolar regular.

Para hacer efectiva una nueva enseñanza se requiere la aplicación de métodos que pongan énfasis en una participación activa y crítica de los estudiantes en su enseñanza, en vez de la posición pasiva y receptiva que ahora deben mantener.

Para liquidar rápidamente los déficits culturales y educacionales heredados del actual sistema, se llevará a cabo una amplia movilización popular destinada a eliminar a breve plazo el analfabetismo, a elevar los niveles de escolaridad de la población adulta.

La educación de adultos se organizará principalmente en función de los centros laborales, hasta hacer posible el funcionamiento permanente de la educación general, tecnológica y social para los trabajadores.

La transformación del sistema educacional no será obra sólo de técnicos sino tarea estudiada, discutida, decidida y ejecutada por las organizaciones de maestros, trabajadores, estudiantes y padres y apoderados, dentro de los marcos generales de la planificación nacional. Internamente, el sistema escolar se planificará respetando los principios de unidad, continuidad, correlación y diversificación de la enseñanza.

En la dirección ejecutiva del aparato educacional habrá efectiva representación de las organizaciones sociales ya señaladas, integradas en Consejos Locales, Regionales y Nacional de Educación.

Con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizará integrando al sistema educacional el personal y otros medios de la educación privada.

La Educación Física

La educación física y las prácticas de todos los deportes, desde los niveles básicos del sistema educacional y en todas las organizaciones sociales de jóvenes y adultos, serán la preocupación constante y metódica del Gobierno Popular.

Democracia, autonomía y orientación de la Universidad

El Gobierno de Unidad Popular prestará un amplio respaldo al proceso de la Reforma Universitaria e impulsará resueltamente su desarrollo. La culminación democrática de este proceso se traducirá en importantes aportes de las universidades al desarrollo revolucionario chileno. Por otra parte, la reorientación de las funciones académicas de docencia, investigación y extensión en función de los problemas nacionales será alentada por las realizaciones del Gobierno Popular.

El Estado asignará a las universidades recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y su efectiva estatización y democratización. Consecuentemente, el gobierno universitario corresponderá a sus respectivas comunidades.

A medida que en el conjunto del sistema educacional se eliminen los privilegios de clases se hará posible el ingreso de los hijos de los trabajadores a la Universidad y permitirá también a los adultos, ya sea mediante becas especiales o a través de sistemas de estudio y trabajo simultáneo, ingresar a cursos de nivel superior.

Los medios de comunicación masiva

Estos medios de comunicación (radio, editoriales, televisión, prensa, cine) son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo.

Por eso se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios eliminando de ellos la presencia nefasta de los monopolios.

El sistema nacional de cultura popular se preocupará especialmente del desarrollo de la industria cinematográfica y de la preparación de programas especiales para los medios de comunicación masiva.

POLÍTICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR

Objetivos

La política internacional del Gobierno Popular estará dirigida a afirmar la plena autonomía política y económica de Chile.

Existirán relaciones con todos los países del mundo, independientemente de su posición ideológica y política, sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo Chile.

Se establecerán vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos dependientes o colonizados, en especial aquellos que están desarrollando sus luchas de liberación e independencia.

Se promoverá un fuerte sentido latinoamericanista y anti-imperialista por medio de una política internacional de pueblos antes que de cancillerías.

La defensa decidida de la autodeterminación de los pueblos será impulsada por el nuevo Gobierno como condición básica de la convivencia internacional. En consecuencia, su política será vigilante y activa para defender el principio de no intervención y para rechazar todo intento de discriminación, presión, invasión o bloqueo intentado por los países imperialistas.

Se reforzarán las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas.

Más independencia nacional

La posición de defensa activa de la independencia de Chile implica denunciar la actual OEA, como un instrumento y agencia del imperialismo norteamericano y luchar contra toda forma de panamericanismo implícito en esa organización. El Gobierno Popular tenderá a la creación de un organismo realmente representativo de los países latinoamericanos.

Se considera indispensable revisar, denunciar y desahuciar, según los casos, los tratados o convenios que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía y concretamente los tratados de asistencia recíproca, los pactos de ayuda mutua y otros pactos que Chile ha suscrito con los EE.UU.

La ayuda foránea y empréstitos condicionados por razones políticas, o que impliquen la imposición de realizar las inversiones que deriven de esos empréstitos en condiciones que vulneren nuestra soberanía y que vayan contra los intereses del pueblo, serán rechazados y denunciados por el Gobierno. Asimismo se rechazará todo tipo de imposiciones foráneas respecto a las materias primas latinoamericanas, como el cobre, y las trabas impuestas al libre comercio que se han traducido durante largo tiempo en la imposibilidad de establecer relaciones comerciales colectivas con todos los países del mundo.

Solidaridad internacional

Las luchas que libran los pueblos por su liberación y por la construcción del socialismo recibirán la solidaridad efectiva y militante del Gobierno Popular.

Toda forma de colonialismo o neocolonialismo será condenada y se reconocerá el derecho a la rebelión de los pueblos sometidos a esos sistemas. Asimismo toda forma de agresión económica, política y/o militar provocada por las potencias imperialistas. La política internacional chilena debe mantener una posición de condena a la agresión norteamericana en Vietnam y de reconocimiento y solidaridad activa a la lucha heroica del pueblo vietnamita.

Del mismo modo se solidarizará en forma efectiva con la Revolución Cubana, avanzada de la revolución y de la construcción del socialismo en el continente latinoamericano.

La lucha anti-imperialista de los pueblos del Medio Oriente contará con la solidaridad del Gobierno Popular, el que apoyará la búsqueda de una solución pacífica sobre la base del interés de los pueblos árabe y judío.

Se condenará a todos los regímenes reaccionarios que promueven o practiquen la segregación racial y el antisemitismo.

Política latinoamericana

En el plano latinoamericano el Gobierno Popular propugnará una política internacional de afirmación a la personalidad latinoamericana en el concierto mundial.

La integración latinoamericana deberá ser levantada sobre la base de economías que se hayan liberado de las formas imperialistas de dependencia y explotación. No obstante, se mantendrá una activa política de acuerdos bilaterales en aquellas materias que sean de interés para el desarrollo chileno.

El Gobierno Popular actuará para resolver los problemas fronterizos pendientes en base a negociaciones que prevengan las intrigas del imperialismo y los reaccionarios, teniendo presente el interés chileno y el de los pueblos de los países limítrofes.

La política internacional chilena y su expresión diplomática deberán romper toda forma de burocratismo o anquilosamiento. Deberá buscarse a los pueblos con el doble fin de tomar de sus luchas lecciones para nuestra construcción socialista y de ofrecerles nuestras propias experiencias de manera que en la práctica se construya la solidaridad internacional que propugnamos.

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Nota: El Programa de la Unidad Popular fue aprobado, el 17 de diciembre de 1969, en la ciudad de Santiago, por los partidos Comunista, Socialista, Radical y Socialdemócrata, el Movimiento Acción Popular Independiente (API) y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).