La Junta de Gobierno al país (05 de Junio de 1932)

Marcha de apoyo a la Junta Socialista el 12 de junio de 1932 (1) Los revolucionarios entendían que para conseguir el apoyo popular debían mostrar con claridad que no eran otra intentona militar por hacerse del poder y manifestar las reales intenciones de sanear al país de la corrupción y los vicios de los partidos tradicionales. Más aún por las dudas que despertaba en la población la inclusión forzosa de Carlos Dávila, ex embajador del Gobierno de Ibáñez en Estados Unidos y ferviente partidario del regreso del General. La siguiente declaración pública apareció en toda la prensa de la época, el 05 de junio de 1932.

Los distintos Gobiernos que se han sucedido en los últimos años han fracasado rotundamente. La economía liberal y el engañoso formalismo legalista que inspiraron su gestión administrativa y política, los divorciaban profundamente de su época y de la realidad. Todos ellos carecieron, además, de la energía suficiente paró neutralizar la influencia subyugadora del imperialismo extranjero.

El proletariado, las clases productoras, la nación entera, han sufrido los efectos de un régimen económico-social que permite la explotación del trabajo, la especulación sin freno y el imperio de privilegios irritantes. La creciente desorganización de nuestra economía, el dominio cada vez más absoluto de los intereses extranjeros, levantados y manejados por la plutocracia y la oligarquía, la negligencia de los Gobiernos, han ido acentuando en forma trágica la miseria del pueblo y la agonía de la nacionalidad.

Ayer, el íntimo anhelo de salvación que crecía en la conciencia pública ha podido convertirse en realidad con el concurso de las fuerzas armadas. La necesidad de procurar la organización de la economía nacional sobre bases de justicia y de dar al Estado una estructura funcional que corresponda a su compleja realidad presente, era ya de carácter impostergable.

El nuevo Gobierno afrontará con energía la resolución de los problemas sociales, económicos y políticos de Chile. No entrabarán su acción, mezquinas consideraciones personales o partidaristas y estará lejos de cualquiera influencia que vaya en menoscabo de su fuerza moral. Sólo tendrá en vista el cumplimiento de sus propósitos fundamentales: organizar técnicamente la fuerza productora bajo el control del Estado, establecer ampliamente la justicia social y asegurar a todos los chilenos el derecho a la vida y al trabajo.

Pretendemos iniciarla construcción de una sociedad mejor que la actual dentro de las limitaciones naturales que imponen los recursos del país y sus condiciones históricas. Creemos que para lograrlo el Gobierno debe inspirar su acción en principios socialistas que reflejen las necesidades y los anhelos dispersos en el ambiente de nuestro tiempo. No es posible encasillarse, disculpándose con ellas, en la fórmula ya anacrónica del individualismo liberal, en una superstición de la Ley que sólo conduce a la paralización de la existencia social.

La justificación histórica de un gobierno estriba en la acción que desarrolle en beneficio de la colectividad. Hemos llegado al poder para cumplir un programa de renovación verdadera. Queremos imprimir a todas las actividades nacionales un ritmo de energía, de juventud, de eficiencia y de disciplina. Nuestros propósitos de acción inmediata que hoy también damos a conocer, así como los planes generales relativos a la construcción socialista del Estado, serán llevados a la práctica con fe en sus finalidades salvadoras y con la seguridad de que encontrarán en la opinión del país, la resonancia moral necesaria para que ninguna fuerza reaccionaria pueda malograrlos o destruirlos.

No creemos que se hayan agotado las reservas espirituales de Chile; hay en todas partes voluntades animosas dispuestas a la acción propicia, ahora es el momento de que entren a desarrollar sus iniciativas. A ellas nos dirigimos en la confianza de que sabrán cooperar eficazmente a la realización del ideal, cuyos servidores somos actualmente en el Gobierno de la República.

El crédito debe ser controlado por el Estado en beneficio de la colectividad, para evitar la explotación de los que trabajan por el capitalismo.

El Gobierno no aceptará la paralización de las actividades de la producción, por lo tanto, ninguna empresa, nacional o extranjera, podrá substraerse, con el pretexto de resguardar el interés o la ganancia del capital, del cumplimiento de la obligación que tiene de contribuir con su producción a la solución del problema económico.

El Gobierno reconoce su obligación de controlar al comercio interno y externo, tomando en cuenta únicamente el interés social.

En consecuencia, en su relación con los mercados extranjeros tenderá a liberar la economía chilena del yugo del capitalismo internacional y nacional.

Si es necesario, el Gobierno procederá de inmediato a tomar por su cuenta las importaciones de azúcar, petróleo, bencina, y demás artículos de primera necesidad.

Para que el Gobierno tome inmediatamente el control del comercio interno, procederá a exigir de las casas nacionales y extranjeras, la declaración de sus existencias de artículos de primera necesidad, a fin de estar en condiciones de asegurar la subsistencia normal del pueblo.

El Gobierno reconoce como uno de sus deberes fundamentales asegurar la subsistencia de cada uno de los individuos de la colectividad, usando de todos los medios de que dispone el país. El Gobierno hará efectiva la obligatoriedad del trabajo, para que cada cual disponga del poder adquisitivo suficiente.

Mientras se organiza la economía en forma de que el Gobierno pueda cumplir su obligación de asegurar trabajo para todos, se adoptarán las medidas necesarias para dar al pueblo alimento, vestuario y vivienda.

Se intensificará bajo el control de las organizaciones obreras, el reparto de víveres, utilizando también el personal y los elementos de movilización y de preparación de que dispone el Ejército.

Mientras el Gobierno pueda cumplir su obligación de dar domicilio a toda persona, asegurará la vivienda al que hoy no tiene con que pagarla.

El Estado reconoce que la propiedad tiene una finalidad social y que, en consecuencia, debe ser ejercida teniendo en vista los intereses de la colectividad.

Para evitar la injusticia que significa la desigual repartición de la riqueza, se modificará el sistema tributario gravando las grandes rentas.

Mientras esta modificación se realiza, se impondrá desde luego un impuesto extraordinario y progresivo a las fortunas superiores a un millón de pesos.

La educación pública será reorganizada sobre la base de una autonomía funcional, técnica y administrativa.

Este comité tendrá la supervigilancia de las empresas productora del Estado, que se crearán con la mira de restablecer nuestra capacidad de pagos de los artículos que se importen del exterior, creando nuevos rubros de exportación.

Un comité ejecutivo económico asumirá el control de los procesos de producción y distribución, a fin de ajustarlos a las necesidades de la colectividad.

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(1) : La imagen hace referencia a la marcha realizada con posterioridad a un acto de homenaje realizado en el Teatro Municipal por los trabajadores a los miembros de la Junta de Gobierno, acto en el cual se celebraron las palabras del Coronel Marmaduque Grove. (12 jun. 1932), REVISTA El Nuevo Sucesos. p. 26 (Colección Biblioteca Nacional).